En el contexto del modelo capitalista de desarrollo
chileno, el diseño del sistema educativo se basa en un concepto restrictivo de
subsidiariedad y uno muy amplio del mercado como asignador de recursos y
orientador de un conjunto de transacciones entre “compradores” y “proveedores”.
Se entiende la educación como un bien de consumo transable en un mercado. El
rol subsidiario opera cuando hay insuficiencias del mercado, a través del
subsidio, para asegurar el acceso de las familias que no pueden adquirir
autónomamente educación para sus hijos.
Las movilizaciones estudiantiles de 2011 pusieron
la crítica al sistema educacional en el centro de la discusión pública y
plantearon reivindicaciones que están presentes en la agenda país. Las que más
destacan son el fin del lucro, término de la selección adversa, gratuidad
universal y fortalecimiento de la educación pública. Ya en una columna anterior
señalé que lograr estos tres objetivos, no va a cambiar la lógica del sistema:
la educación como un bien de consumo transable en el mercado. En las líneas
siguientes intento develar esta lógica y sus mecanismos de operación.
Es necesario antes que nada despejar un aspecto conceptual: desde el punto de vista macroeconómico, el mercado educativo en su forma natural es bastante reducido en Chile: 5,1% de los proveedores y 7,2% de los consumidores. El resto, técnicamente es un cuasimercado, es decir, un mercado creado por el Estado a través de reglas de financiamiento, operación, adquisición y provisión del servicio. Pero que sea un cuasimercado no implica que funcione de manera distinta de un mercado natural, al revés, funciona como un mercado cualquiera en el cual consumidores y proveedores se relacionan a través de contratos de compraventa.
¿Cuál es la forma en que este bien público y
derecho social se transforma en bien de consumo transable? La respuesta está en
la metodología de financiamiento que opera como subsidio a la demanda. El
proveedor obtiene el subsidio en la medida que logre incorporar alumnos a su
matrícula, o sea, cuando las familias adoptan decisiones de compra que
favorezcan a ese proveedor. De este modo los ingresos del proveedor dependen de
la decisión de compra de la familia.
El Estado refuerza la conducta mercantil señalada
con un procedimiento de señalización de calidad de todos y cada uno de los
establecimientos educativos del país a través de una prueba nacional
estandarizada, el SIMCE, que supuestamente orienta a las familias en su decisión
de compra, a los proveedores en sus decisiones de gestión y al Estado para
premiar o sancionar y eventualmente para retirar del mercado a los proveedores
según el nivel de cumplimiento de estándares de rendimiento.
En la lógica de precios que impone el
financiamiento compartido, la clasificación espuria del SIMCE impulsa al alza
los precios de los establecimientos señalizados como “buenos”, lo que limita la
decisión de compra autónoma solo a las familias que disponen de recursos para
pagar ese precio, mientras aquellos que no disponen de excedentes tienen un
rango mucho más estrecho de decisión. Además, mirando la distribución de los
rendimientos escolares en la prueba SIMCE podemos darnos cuenta que los
sectores vulnerables concentran la mayor parte de los bajos rendimientos, con
lo cual la opción que tienen esas familia de educar a sus hijos en
establecimientos señalizados como “mejores” es más limitada aún. Se estructura
así una estratificación según la capacidad de pago de las familias.
Para elevar sus ingresos entonces, los proveedores
buscarán lograr mejores puntajes en el SIMCE, y lo harán por los medios más
eficientes, es decir que maximicen el resultado y minimicen el costo. Esto
incentiva la discriminación de los alumnos que no presentan características
predictivas de mayor rendimiento: origen cultural, rendimiento escolar previo,
conducta escolar, presencia o ausencia de trastornos del aprendizaje o de la atención, rendimiento en un examen de
admisión, etc. De lo que resulta una segregación y estratificación por
rendimiento, impidiendo así un importante factor de aprendizaje cognitivo y
valórico del escolar, el efecto pares.
Resulta entonces que la transformación del sistema
de mercado en uno de derechos sociales asegurados, estará interferida por la
continuidad de la lógica de mercado que impone el subsidio a la demanda, ya que
entidades con y sin fin de lucro entrarán en la lógica comercial, comportándose
ambas exactamente igual.
Será necesario entonces terminar con este modelo y
financiar la oferta, colocando estándares y requisitos exigentes para lograr el
subsidio, así se incentivará una gestión que mire hacia los elementos que
significan reales mejoras de calidad, respeto de la diversidad e integración
social, para que el sistema educativo chileno pueda ser más equitativo, más
integrado y centrado en la calidad.
Para El Examinador.cl
Patricio Cazanga Molina
Docente por vocación y Analítico al chancho